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Podrá Chávez sustraer a Venezuela de la CIDH???

El 30ABR12, el presidente Hugo Chávez anunció su decisión de retirar a Venezuela de la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Ordenó igualmente al Consejo de Estado que preparara en cuestión de días, el documento que su gobierno enviaría para tal propósito. Ya en el 2009, la Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de abierta filiación oficialista, había planteado tal medida.

El jurista Juan Carlos Sainz-Borgo hace un riguroso análisis de dos antecedentes de países que intentaron infructuosamente desvincularse del sistema de protección de Derechos Humanos de la OEA. Uno de ellos se refiere al gobierno del peruano Alberto Fujimori. Según Sainz la forma como está estructurada la Convención Americana y el entramado del derecho internacional de los Derechos Humanos impide que coyunturas políticas disminuyan o eviten la protección de los habitantes de los estados partes.

El texto completo del estudio:

 

Denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

Una revisión a partir de tres intentos.[1]

Introducción

La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, representa la consagración en la larga lucha por el respeto y la supervisión de las garantías fundamentales de los habitantes del continente americano. La Convención fue aprobada en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y de los 34 estados que conforman la Organización de Estados Americanos, sólo 9 estados nunca la ratificaron. La lista la encabeza los Estados Unidos de América, que la suscribió en 1977 pero nunca la ratificó; además de Canadá, Belice, Guyana y seis estados del Caribe.

Los 25 estados que han ratificado la Convención Americana y la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han aceptado la supervisión de los casos presentados por parte de la Comisión Interamericana de manera regular.

Sin embargo, desde la entrada en vigencia de la Convención en 1978 tres estados partes han intentado abandonarla: Perú, Trinidad & Tobago y Venezuela. Los dos primeros de manera formal presentaron su denuncia; en el caso de Venezuela, el máximo órgano del poder judicial venezolano solicitó en el año 2008 al Ejecutivo venezolano que iniciara las acciones necesarias para denunciar la participación de Venezuela en el Pacto de San José.

El presente artículo revisará los intentos de denuncia de Trinidad & Tobago y Perú, pero en particular enfocará su atención en la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, por considerar este hecho un elemento de especial importancia para el desarrollo de la jurisprudencia continental.

 

La denuncia de los tratados

La denuncia de un tratado es un hecho excepcional en las relaciones internacionales y el derecho internacional. En el marco del derecho de los tratados, la finalización anticipada de un tratado es un área poco desarrollada en la teoría y difícil de conseguir en la práctica.

La denuncia es el procedimiento por el cual un estado soberano notifica la decisión de dar por terminadas ciertas obligaciones internacionales. En esencia, un acto unilateral del Estado, que ha sido revestido de formalidades básicas, dadas las graves consecuencias que se derivan en cuanto a la vigencia de las normas y tratados para un Estado y para la comunidad internacional en general.

La ruptura de las obligaciones internacionales por efecto de la voluntad soberana de los Estados ha sido parte de las discusiones jurídicas desde los inicios del derecho internacional. Sin embargo, el tema tuvo un importante desarrollo con la aprobación de la Convención de Viena de 1969. Los trabajos de la Comisión Internacional de Juristas permitieron el establecimiento de un marco convencional para las diversas formas de finalizar un tratado a través de la codificación de normas pre-existentes. Arthur Watts, explica que las previsiones de la Convención son regularmente invocadas y aplicadas en la práctica de los Estados y ofrece regularmente la mejor solución en el tema, aunque no sea estrictamente vinculante para ellos[2].

La Convención de Viena entró en vigencia en 1980, para la fecha posee más de 100 ratificaciones y constituye un punto fundamental en la evolución del Derecho de los Tratados. Para Antonio Cassese, la Convención “introduce restricciones a la desencadenada libertad de los Estados, los cuales no tienen la libertad total de hacer lo que desean con respecto a los valores fundamentales del derecho internacional.[3]

La Convención de Viena, aborda el tema en una sección completa “Sección 3. Terminación de los Tratados y Suspensión de su aplicación”. El artículo 54 establece dos supuestos básicos para la denuncia: si está previsto en el Tratado respectivo o no.

En el caso de la Convención Americana, está expresamente regulado en el Art. 78 de la siguiente forma:

 “1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.

 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.”

La naturaleza de la Convención Americana queda reflejada en el texto que permitiría su denuncia o retiro y el cual no desvincula al estado de las obligaciones que nacen bajo su vigencia, así como tampoco al desarrollo procesal de las causas que ya se hubieran introducido dentro del sistema y hasta un año después de cumplida la notificación.

Esta naturaleza excepcional de la Convención Americana y en general de los tratados de protección de los derechos de los individuos, fue explicado por la Corte Interamericana en una de sus opiniones consultivas, en los términos siguientes:

“…los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción…”[4]

La denuncia de la Convención Americana no traería en ningún caso la cesación de las obligaciones que hayan nacido en el proceso de supervisión al interior del Sistema Interamericano, bien sea en la CIDH o la Corte Interamericana. Esta disposición es clara en el texto de la Convención al introducir el elemento de la cristalización de la costumbre internacional al explicar “…pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.” De esta manera la Convención deja clara la posibilidad de posterior supervisión de los estados que la hayan abandonado. Esta capacidad de la Corte tiene un amplio apoyo jurisprudencial en el caso de los dos estados que se han intentado retirar del Sistema Interamericano: Trinidad y Tobago en 1998 y Perú en 1999; además de los principios doctrinarios de progresividad en los derechos humanos.

Las obligaciones de los estados partes ante la Convención representan uno de los desiderátum fundamentales de los tratados de protección en materia de derechos humanos y tiene que ver con la supervisión internacional, así como por la propia naturaleza de las obligaciones de la Convención Americana.

En primer lugar, la supervisión es una consecuencia del derecho internacional y resulta, a juicio de la Magistrada de la Corte Internacional de Justicia Rosalyn Higgins, insostenible que las obligaciones en esta área no formen parte de la supervisión internacional[5].

Aunque los sistemas nacionales han hecho una progresiva constitucionalización de estas obligaciones, los derechos humanos son garantías internacionales que se han incorporado al derecho internacional a través los tratados suscritos por los estados o de la progresiva incorporación en la costumbre internacional. En el caso de los tratados, estos han sido dotados de capacidad para la protección de estos derechos por parte de órganos especialmente creados por los estados partes, como el caso de la Corte Interamericana.

Estas garantías internacionales conforman un entramado de supervisión internacional que se establece a medida que los estados se incorporan a la comunidad internacional, con lo cual los países obtienen una serie de beneficios, pero también una serie de obligaciones.

En la actualidad el derecho internacional contemporáneo gira alrededor de la protección de las personas y esta obligación se ha concretado a partir de la Declaración Universal de los Derechos del hombre y la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el interés por la preservación de los individuos ha sido el centro de la actuación de las organizaciones internacionales[6], desde el establecimiento de los Tribunales de Núremberg, los Tribunales Penales Ad hoc, la Corte Penal Internacional y en paralelo los órganos regionales de protección de los Derechos Humanos y el más reciente Consejo de Derechos Humanos.

Es importante destacar que en esa evolución “la obligación de respetar y observar los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos ha dado el ímpetu para el desarrollo de los sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos”[7], como es el caso de todo el Sistema Interamericano.

El estado del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo hace de la denuncia de las obligaciones de la Convención Americana, una forma de defraudar las obligaciones adoptadas frente al régimen internacional y a la comunidad internacional en su conjunto, independientemente de la legalidad de la forma en que se ejecuta.

En segundo lugar, las obligaciones contenidas en la Convención Americana son el producto de una evolución general de los derechos humanos en el continente y tienen una historia que se ha desarrollado a lo largo de los años y que contiene importantes capítulos como la Declaración Americana que estableció la Comisión Americana y la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, la Convención Interamericana Sobre Concesión de los Derechos Políticos a la  Mujer de 1948, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" de 1988, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994, por nombrar algunas.

Esta evolución, protagonizada y reconocida por los estados del continente americano, así como la supervisión permanente de las mismas, hacen de estas obligaciones parte las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, bien sea desde el punto de vista convencional o del derecho consuetudinario y como tal los estados están vinculados a ellos, independientemente de la pertenencia a la Convención Americana de 1969 o la Declaración Americana de 1948.

Sin embargo, estos aspectos los abordaremos más adelante en el texto.

 

Las denuncias de la República del Perú y de Trinidad y Tobago

Como ya comentamos, en la historia de la Convención Americana, dos estados concretaron su voluntad de denunciar la participación de sus respectivos estados, Trinidad y Tobago y posteriormente Perú al año siguiente. Las circunstancias, las motivaciones y el procedimiento fueron en ambos casos totalmente distintos, de allí la importancia de su revisión de manera autónoma.

El gobierno de Trinidad y Tobago denunció la Convención en razón del interés de ese estado de seguir utilizando la pena de muerte como estrategia judicial. La tradición británica en la aplicación de castigos corporales y la propia pena de muerte han formado parte de la cultura colonial y su abolición representó un tema altamente politizado en el debate de ese país[8].

Aunque se registraron diversas protestas en contra de la decisión[9], el Gobierno Trinitario notificó a la Secretaria General de la OEA la denuncia de la Convención Americana, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 78, con la siguiente comunicación:

“En virtud de su sentencia en el caso Pratt y Morgan vs. Fiscal General de Jamaica (2 A.C.1, 1994), el Comité Judicial del Consejo Privado decidió que los estados debían atenerse a pautas estrictas en cuanto a la audiencia y determinación de apelaciones de asesinos convictos que hubieran sido condenados a muerte. (…) Debe acelerarse el trámite de las apelaciones interpuestas contra las condenas a muerte y debe procurarse que la audiencia de tales apelaciones tenga lugar dentro de los doce meses siguientes a la condena. (…) Debería ser posible que los órganos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, despacharan en un plazo de dieciocho meses, como máximo, los reclamos que se les presentara respecto de casos que conllevaran la pena de muerte.

(…) En estas circunstancias, y con el deseo de acatar la legislación interna que prohíbe imponer a cualquier persona penas o tratos inhumanos o degradantes y de cumplir, por consiguiente, las obligaciones que le estipula el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Fiscal General y el Ministro de Relaciones Exteriores, en representación del Gobierno de Trinidad y Tobago, se reunieron con el Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Fiscal General y el Ministro de Relaciones Exteriores expusieron su posición ante la Comisión, detallando los problemas que se le plantean a Trinidad y Tobago para cumplir con los plazos fijados por el Comité Judicial del Consejo Privado para considerar las peticiones presentadas por órganos internacionales de protección de los derechos humanos en casos de imposición de la pena capital. (…)

El Gobierno de Trinidad y Tobago no está en condiciones de conceder que la incapacidad de la Comisión para tratar en forma expedita las peticiones relacionadas con casos de imposición de la pena capital, frustre la ejecución de esta pena legal con que se castiga en Trinidad y Tobago el delito de homicidio. (…)

Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por este medio el Gobierno de Trinidad y Tobago notifica al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos el retiro de su ratificación de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos.”[10]

La formulación de la denuncia llevada adelante por parte de Trinidad y Tobago, en las formalidades respetaba el procedimiento previsto en la Convención Americana, aunque en el fondo, no está exenta de argumentos muy particulares, como aquellos referidos a la necesidad de ejecutar la pena de muerte con rapidez, ya que la demora en su aplicación, en particular por las denuncias formuladas por los condenados a pena de muerte ante la Comisión Interamericana, constituía un "…castigo u otro trato inhumano o degradante". Un estado que desee mantener la pena capital debe asumir la responsabilidad de asegurar que la ejecución tenga lugar con la mayor rapidez posible una vez dictada la sentencia.”

La denuncia de Trinidad y Tobago sirvió como justificativo para que ese país ejecutara algunos de los sentenciados a la pena capital, aunque solicitudes de estos ciudadanos permanecieran en estudio en el seno de la Comisión Interamericana y disfrutaran de Medidas Provisionales de la Corte Interamericana.[11]

La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó a la Organización de Estados Americanos, a través de la Secretaria General de la situación de incumplimiento de Trinidad y Tobago, a través del Comunicado de Prensa CDH-CP5, en los siguientes términos:

“En el Informe Anual de la Corte correspondiente al año 1998, el Tribunal comunicó a la Asamblea General que la República de Trinidad y Tobago no ha dado cumplimiento a sus resoluciones sobre medidas provisionales en los casos James y otros, por lo que ha solicitado al máximo órgano político de la Organización que exhorte a la República de Trinidad y Tobago a cumplir con ellas. Hasta la fecha, todos los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos han cumplido con los fallos de la Corte, con la excepción del caso de Trinidad y Tobago antes citado.

Hemos notado con profunda preocupación que en la parte resolutiva de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y por el Consejo Permanente de la Organización a la Asamblea General en relación con el Informe Anual de la Corte correspondiente al año 1998, no se hace mención a la recomendación de la Corte antes mencionada.”

La solicitud de la Corte Interamericana ante los órganos políticos del sistema interamericano no tuvo ninguna respuesta institucional, debilitando sin duda el papel del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos.

El Gobierno de Trinidad y Tobago decidió esperar un año tal y como lo establece la Convención Americana, para alegar la finalización del plazo previsto para que la denuncia entrara en vigencia y por lo tanto, la competencia de la Corte Interamericana cesará, y con ella el conocimiento de todos los casos.

La Corte Interamericana respondió al Estado en el caso “Caso Constantine y otros Vs. Trinidad y Tobago”, lo siguiente:

“El 26 de mayo de 1998 Trinidad y Tobago denunció la Convención y de acuerdo con el artículo 78 de la misma, esta denuncia tuvo efecto un año más tarde, el 26 de mayo de 1999. Los hechos a los que se refiere el presente caso ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigor de la denuncia hecha por el Estado. Por lo tanto, esta Corte es competente, en los términos de los artículos 78.2 y 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso y dictar sentencia sobre la excepción preliminar presentada por el Estado”.[12]

La Corte Interamericana ratificó de esta manera la competencia temporal que le otorga la Convención Americana y continuó conociendo de todos los casos que hubieran ingresado al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El Dr. Augusto Cancado Trindade, en su voto salvado en el caso, introdujo algunas reflexiones que considero importante transmitir en relación con la naturaleza de la denuncia por parte de Trinidad y Tobago.

“Urge que los Estados se convenzan que el ordenamiento jurídico internacional es, más que voluntario, necesario. En el ámbito del derecho internacional general, en mi entender, ha llegado el tiempo de avanzar decididamente en el perfeccionamiento de la solución judicial de controversias internacionales. En los últimos 80 años, los avances en este campo podrían haber sido mucho mayores si la práctica estatal no hubiera traicionado el propósito que inspiró la creación del mecanismo la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria (de la CPJI y la CIJ), cual sea, la sumisión de los intereses políticos al Derecho mediante el desarrollo en la realización de la justicia a nivel internacional.

38.      Ha llegado el tiempo de superar en definitiva la lamentable falta de automatismo de la jurisdicción internacional. Con las distorsiones de su práctica en la materia, los Estados se ven hoy ante un dilema que debería ya estar superado hace mucho: o retornan a la concepción voluntarista del derecho internacional, abandonando de una vez la esperanza en la preeminencia del Derecho sobre los intereses políticos, o retoman y realizan con determinación el ideal de construcción de una comunidad internacional más cohesionada e institucionalizada a la luz del Derecho y en la búsqueda de la Justicia, moviendo resueltamente del jus dispositivum al jus cogens”[13]

La opinión de Cancado Trindade recoge con preocupación la idea de que los estados parecieran estar retrocediendo con su práctica internacional, a estados superados del derecho internacional, pero sobretodo de la protección de los individuos en el plano internacional, en aras de una supuesta protección de la soberanía del estado.

Trinidad y Tobago complementó el retiro de la Convención Americana, con la denuncia del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  destinado a abolir la pena de muerte. La denuncia de Trinidad y Tobago ha sido calificado como “sin precedentes” por la Comisión Internacional de Juristas.[14] Este país tiene el difícil honor de haber sido el primer país que completó el proceso de denuncia por ante la Corte Interamericana y esta acción trajo profundos debates en su momento. ¿Hasta dónde otros países del Caribe angloparlante se sentirían influidos por Trinidad?, ¿Por qué los órganos políticos de la OEA no actuaron en consecuencia con la decisión de Trinidad y Tobago?

Según Douglas Cassel[15], la denuncia de Trinidad y Tobago, no tendría ningún impacto fuera de ese país, aunque el mismo representara el único de los estados caribeños que pertenecían a la instancia continental. Asimismo, agregó que durante la discusión de la denuncia la OEA enfocaba su atención a la denuncia que el Perú estaba presentando, que veremos a continuación, la cual incluía aspectos políticos más complejos.

El 28 de julio de 1990 Alberto Fujimori Fujiromi, ganó las elecciones presidenciales en contra de Mario Vargas Llosa. Durante los primeros años adelantó un plan de gobierno audaz, pero con el paso del tiempo comenzó a presentar una disminución de las garantías en materia de derechos humanos que terminaría en graves incumplimientos de los derechos humanos reconocidas internacionalmente por el Perú.

Los principales problemas estuvieron relacionados con el respeto a la institucionalidad durante la apoteosis del Gobierno de Fujimori, periodo en el cual se disuelve el Congreso, se destituyó al Poder Judicial, se impulsa la reforma constitucional que le permite re-elegirse en el cargo y se promulga la controversial “Ley de Interpretación Constitucional” de 1996 que le permitió re-elegirse por tercera.[16]

Las tensiones con el Gobierno de Fujimori comenzaron en 1997, cuando la Corte Interamericana ordenó la libertad de la Profesora Maria Elena Loayza Tamayo[17] e incluso anulo el proceso penal llevado adelante, en ejecución de un conjunto de normas aprobadas en contra de la lucha anti-terrorista.

El punto de quiebre entre el Gobierno de Fujimorí y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos fue el caso “Castillo Petruzzi”[18], que se refería a la detención por traición a la patria de cuatro ciudadanos chilenos acusados de terrorista. Esta sentencia de la Corte Interamericana declaró inválido, por violatorio de las disposiciones de la Convención Americana, el juicio seguido contra estos ciudadanos chilenos.

“Esta sentencia fue la oportunidad que le hacía falta a Fujimori.”[19] El Consejo de Ministros del Perú, 24 días después de la decisión de la Corte Interamericana, decidió denunciar la competencia contenciosa de esa Corte y enviar la decisión al Congreso para que produjera un acto legislativo, la Resolución Legislativa Nro. 27152 de fecha 8 de julio de 1999, que fue notificada a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que tomara nota del fin de la vigencia de la capacidad de la Corte en relación con el Perú[20].

La denuncia fue precedida por un ataque del Representante Permanente del Perú ante el Consejo Permanente de la OEA, en el cual planteaba “la preocupación del Perú” y “el amplio rechazo del pueblo de las sentencias de la Corte…”. El Representante del Perú, expuso su denuncia en seis puntos: 1. Las sentencias de la Corte están en "evidente contradicción" con los acuerdos de la OEA en contra del terrorismo; 2. El análisis jurídico de la Corte, distanciado de la atmósfera terrorista en el Perú, refleja un "notorio divorcio de la realidad." 3. La Corte carece de poder para ordenar la modificación de leyes nacionales; 4. Cualesquiera nuevos juicios, por lo tanto, serían bajo los mismos procedimientos que la Corte ya consideró violadores de la Convención, y podrían ser declarados nulos, conduciendo a la liberación de terroristas detenidos; 5. La sentencia de la Corte en Castillo Petruzzi es inconsistente con su sentencia en Loayza Tamayo y con una decisión anterior sobre tribunales militares en Nicaragua y 6. Los procedimientos de la Corte violaron el debido proceso y le dieron "ventajas ilegítimas" a la Comisión.”[21]

Esta denuncia trajo un gran debate en el Perú durante la apoteosis fujimorista, ya que el Gobierno presentó las decisiones del Sistema Interamericano como una forma de debilitar la lucha antiterrorista que fue la marca de los primeros años del gobierno peruano.[22] Las ONG de Derechos Humanos, se les hacía difícil explicar las decisiones de la Corte Interamericana, por ejemplo, Alberto de la Jara, decía “hay quienes pretenden que se asocie que seguir con ella (la Convención Americana) equivale a la liberación de todos los terroristas, mientras que salirnos significaría mantenerlos presos”.[23]

En el caso del Perú, el Estado no denunció la Convención Americana, tal y como lo expresa el Art. 78 de la misma, sino que procedió mediante un acto unilateral al retiró de la competencia contenciosa, a través de una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores[24], con el siguiente texto:

“…la República del Perú retira la Declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecha en su oportunidad por el gobierno peruano.

Este retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana producirá efecto inmediato y se aplicará a todos los caso en que el Perú no hubiese contestado la demanda incoada ante la Corte.”

El camino procesal de la República del Perú no siguió los pasos establecidos por la Convención Americana, sino que fue una estrategia para evitar que la denuncia tuviera efectos inmediatos. De esta forma se impediría el conocimiento de la Corte Interamericana de ciertos casos políticamente sensibles y se podría evadir los plazos previsto en la propia Convención que permiten el conocimiento de todos los casos que hayan sido presentados ante el Sistema Interamericano hasta cinco años después de la denuncia de la misma.

La idea del acto unilateral de retiro fue rechazado de plano por la Corte, en una amplia argumentación que contribuyó a un mayor desprestigio el Gobierno de Fujimori en la comunidad internacional. Incluso, el Profesor Douglas Cassel afirmó que dicha estrategia constituyó un “tributo inadvertido” a la independencia de la Corte Interamericana[25].

Estos alegatos fueron presentados ante la Corte por el Estado Peruano en el caso Ivcher Bronstein Vs. Perú” (Caso Canal 2), ratificando que los efectos de la decisión del retiro de la competencia eran inmediatos. El Agente del Estado rechazó las citaciones a comparecer ante la Corte e incluso pretendió devolver el expediente.

En esa ocasión, la Corte Interamericana expresó que:

“El artículo 29.a de la Convención Americana establece que ninguna disposición de la misma puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Una interpretación de la Convención Americana en el sentido de permitir que un Estado Parte pueda retirar su reconocimiento de la competencia obligatoria del Tribunal, como pretende hacerse en el presente caso, implicaría la supresión del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención, iría en contra de su objeto y propósito como tratado de derechos humanos, y privaría a todos los beneficiarios de la Convención de la garantía adicional de protección de tales derechos por medio de la actuación de su órgano jurisdiccional.”[26]

De esta forma, la Corte Interamericana no aceptó la acción peruana y rechazó la posibilidad de no tener jurisdicción y competencia para conocer de los casos en curso planteados ante la misma. La Corte Interamericana sentenció lo siguiente:

“La Convención Americana es clara al prever la denuncia de “esta Convención” (artículo 78), y no la denuncia o “el retiro” de partes o cláusulas de la misma, pues esto último afectaría su integridad. Aplicando los criterios consagrados en la Convención de Viena (artículo 56.1), no parece haber sido la intención de las Partes permitir tal tipo de denuncia o retiro, ni tampoco se puede inferir éste último de la naturaleza de la Convención Americana como tratado de derechos humanos”[27].

La Corte Interamericana explicó que la única forma de evitar la supervisión internacional, era a través de la denuncia de toda la Convención Americana y el Perú no fue capaz de dar ese paso. Ni siquiera Alberto Fujimori estuvo dispuesto a pagar el costo internacional para su gobierno de denunciar el más importante Tratado en materia de Derechos Humanos del continente.

El 13 de Noviembre de 2000, el Presidente Fujimori salió de viaje oficial al Asia, para la cumbre de la Asociación de Estados de la Cuenca del Pacifico (APEC) en Brunei; el 17 de noviembre, Fujimori visitó oficialmente Tokio, desde donde envió su renuncia al cargo de Presidente de la República del Perú.

Dos meses después, el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores Javier Perez de Cuellar, envió una Comunicación a la Secretaría General retirando la notificación anterior en los siguientes términos:

“El Gobierno de la República del Perú, con fecha 21 de enero de 1981, deposito ante la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la declaración unilateral a través de la cual reconoció "como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención".

Mediante Resolución Legislativa N° 27152, de fecha 8 de julio de 1999, el Congreso de la República aprobó el retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con fecha 09 de julio de 1999, el Gobierno de la República del Perú deposito ante la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la declaración unilateral a través de la cual retiro la declaración de reconocimiento de la clausula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus sentencias de competencia numero 54 y 55, del 24 de septiembre de 1999, señalo que dicho retiro no era procedente, conforme a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Congreso de la República, con fecha 12 de enero de 2000 acordó, mediante Resolución Legislativa N° 27401, derogar la Resolución Legislativa n'° 27152, encargando al Poder Ejecutivo realizar las acciones necesarias para dejar sin efecto los resultados que hubiera generado dicho dispositivo.

POR TANTO DECLARA QUE:

El reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectuada por el Perú el 20 de octubre de 1980, posee plena vigencia y compromete en todos sus efectos jurídicos al Estado peruano, debiendo entenderse la vigencia ininterrumpida de dicha Declaración desde su depósito ante la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 21 de enero de 1981.

El Gobierno de la República del Perú procede a retirar la Declaración depositada con fecha 09 de julio de 1999, en virtud de la cual se pretendió el retiro de la Declaración de reconocimiento de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[28]

De esta manera, el Perú retornó a la legalidad en el cumplimiento de sus obligaciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dejando en claro que la propia estructura del Convenio Americano hace muy difícil por parte de los estados miembros, evadir su cumplimiento sin un alto costo internacional. La idea de no cumplir las decisiones frente a un simple retiro de la Convención no es una opción válida.

El 7 de abril de 2009, una Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú sentenció a Alberto Fujimori a 25 años de cárcel, por violación de derechos humanos y en particular como responsable de dos casos que fueron previamente sancionados por la Corte Interamericana, “Barrios altos” y “La cantuta”.

Los dos casos consumados de denuncia de la Convención Americana son, el Perú durante la administración de Alberto Fujimori y Trinidad & Tobago para continuar utilizando la pena de muerte.

En el caso del Perú, una vez restituida la legalidad constitucional regresó de forma normal, sin que las acciones de protección de los ciudadanos peruanos se hayan visto afectadas, así como las propias obligaciones internacionales del Perú. En el caso de Trinidad y Tobago, la decisión de retirarse de la Convención tiene razones de política judicial y parece no estar relacionada con coyunturas políticas. Los casos que se presentaron ante el Sistema Interamericano han continuado su camino regular dentro del proceso de protección de las personas prevista en ese convenio internacional.

 

La solicitud de denuncia por parte de Venezuela

En Venezuela la idea de una denuncia de la Convención Americana esta sobre la mesa, en particular el Presidente Hugo Chávez se ha referido al mismo en numerosas oportunidades, por ejemplo cuando se inició ante el Sistema Interamericano el proceso en contra del Estado Venezolano por parte de los trabajadores de la planta de televisión Radio Caracas Televisión (RCTV)[29], en ocasión de su cierre como señal de televisión libre. (Nota de Noticias Clic: El 30ABR12 el presidente Hugo Chávez manifestó su decisión de separara a Venezuela de “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. El 01MAY12, el Vicepresidente Ejecutivo, Elias Jaua Milano, informó que el retiro de Venezuela incluiría a la Corte Interamericana de DDHH)

El Gobierno Venezolano ya ha denunciado en tiempos recientes el Acuerdo de Cartagena[30], el Acuerdo de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3) y ha realizado anuncios sobre la conveniencia de las denuncias a diversas organizaciones internacionales como la OEA, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Centro Internacional de Arbitraje en materia de Inversiones (CIADI), entre otros.

En esta oportunidad la denuncia se expresa como una solicitud al Ejecutivo Venezolano por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela que dictó la sentencia No. 1939 el día 18 de diciembre del 2008, en respuesta a una acción de “conformidad constitucional del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008”, que declaró la responsabilidad internacional del Estado Venezolano al violar la normativa interamericana de protección de los derechos humanos.

Este caso se refiere a la denuncia de tres ciudadanos venezolanos, Ana María Ruggeri, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz, jueces miembros de la Corte Primero de lo Contencioso Administrativo, con la asistencia del Dr. Héctor Faúndez Ledesma, que presentaron el 6 de abril de 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una denuncia sobre la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana, en relación con la destitución de su cargo en el Poder Judicial.

Al culminar sin éxito el proceso ante la CIDH, esta decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante destacar que durante 31 meses el Gobierno Bolivariano de Venezuela litigó el caso y rechazó su cumplimiento voluntario, obligando al sistema internacional representado en este caso por la CIDH a presentar la denuncia ante la corte internacional de mayor jerarquía del continente americano.

En la Corte Interamericana, el Gobierno Bolivariano de Venezuela litigó por 2 años: compareció ante la Corte, propuso testigos, presentó argumentos y ejerció diversas tácticas, no acordes con las obligaciones internacionales, como quedó expresado en la propia sentencia, al referirse a la imposibilidad de utilizar las Notarias Públicas Venezolanas[31], por parte de los demandantes.

Finalmente, la Corte Interamericana condeno al Estado venezolano y dispuso que indemnizara a los aludidos ex jueces destituidos y además procedieran a reponerlos en los cargos de los cuales fueron destituidos o unos de similar categoría.

El Tribunal Supremo Venezolano, en su sentencia sobre la constitucionalidad de la Sentencia de la Corte Interamericana hace una breve revisión de la evolución jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Venezuela, y hace referencia a una sentencia de la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar del Perú de fecha 30 de mayo de 1999 conocida internacionalmente como el caso “Castillo Petruzzi y otros”,[32] al cual nos referimos anteriormente.

No hay otra referencia al derecho comparado o Derecho Internacional a lo largo del texto de la sentencia y llama profundamente la atención, que el Tribunal Venezolano cite y haga suyos los argumentos de una decisión, tan particular como la ya comentada sentencia, que fue la que comenzó el proceso de denuncia peruano.

Según la Sala Constitucional Venezolana, la sentencia merece tomarse en cuenta entre “las motivaciones para decidir”, por los siguientes argumentos:

“No se trata de interpretar el contenido y alcance de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni de desconocer el tratado válidamente suscrito por la República que la sustenta o eludir el compromiso de ejecutar las decisiones según lo dispone el artículo 68 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino de aplicar un estándar mínimo de adecuación del fallo al orden constitucional interno, lo cual ha sucedido en otros casos, como cuando fue declarada la inejecutabilidad del fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 30 de mayo de 1999, en el caso: Castillo Petruzzi y otro (sic), por parte de la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar del Perú”

Y agrega la Sentencia venezolana, glosando la jurisprudencia peruana:

“el poder judicial “es autónomo y en el ejercicio de sus funciones sus miembros no dependen de ninguna autoridad administrativa, lo que demuestra un clamoroso desconocimiento de la Legislación Peruana en la materia”; que “pretenden desconocer la Constitución Política del Perú y sujetarla a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la interpretación que los jueces de dicha Corte efectúan ad-libitum en esa sentencia”; que el fallo cuestionado, dictado por el Tribunal Supremo Militar Especial, adquirió la fuerza de la cosa juzgada, “no pudiendo por lo tanto ser materia de un nuevo juzgamiento por constituir una infracción al precepto constitucional”; que “en el hipotético caso que la sentencia dictada por la Corte Interamericana fuera ejecutada en los términos y condiciones que contiene, existiría un imposible jurídico para darle cumplimiento bajo las exigencias impuestas por dicha jurisdicción supranacional”, pues “sería requisito ineludible que previamente fuera modificada la Constitución” y que “la aceptación y ejecución de la sentencia de la  Corte en este tema, pondría en grave riesgo la seguridad interna de la República”.”[33]     

La motivación de la Sala Constitucional para apoyarse en esta sentencia es incomprensible. La Decisión que motiva a la Sala Constitucional fue dictada por un “tribunal militar especial”, con el objetivo de reprimir la violencia desbordada por parte del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru MRTA, en particular el secuestro de la Embajada del Japón, del cual fueron inculpadas las personas objeto de esa sentencia. Asimismo, ese juicio se llevó a cabo en instalaciones militares de máxima seguridad, sin acceso permanente de los abogados y a través de la figura de los llamados “jueces sin rostro” que condenaron a cadena perpetua a los cuatro ciudadanos.

La Sala Constitucional venezolana basa su argumentación jurídica en supuestos de hecho que no pueden subsumirse en el marco de la realidad venezolana. Sin embargo, lo que hace particular esta motivación por parte del TSJ es que ese mismo fallo ya fue objeto de análisis por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y declarado violatorio del Derecho Internacional, en la Resolución de 17 de noviembre de 1999 (Cumplimiento de Sentencia), por violatorio “del principio básico pacta sunt servanda, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”[34]

La verificación del cumplimiento de la sentencia por parte de la Corte Interamericana a solicitud del CIDH establece la violación del derecho internacional y el agravamiento de la responsabilidad internacional por parte del Perú al no poner en vigencia esa sentencia. Los argumentos que utiliza la Corte Interamericana provienen estrictamente del derecho internacional convencional, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, (Art. 27), al esgrimir una norma de carácter interno para incumplir un tratado internacional y la Convención Americana (Art. 68.1), al incumplir una sentencia de la Corte Interamericana. Asimismo, viola un principio fundamental del Derecho Internacional como el pacta sunt servanda, que establece que los tratados deben ser cumplidos tal como han sido suscritos y las provisiones del Proyecto de Convención sobre la Responsabilidad del Estado, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional.[35]

La escogencia por parte de la Sala Constitucional de esta sentencia puede estar basada en un “desconocimiento del sistema interamericano”, como afirma el Magistrado disidente Rondón Haaz o un mensaje político que llena de preocupación. El Prof. Héctor Faúndez, abogado en el caso, se refirió a que los magistrados “…está(n) siguiendo el sendero ensangrentado de un régimen oprobioso, marcado por jueces que no estaban al servicio de la justicia sino de la política.”[36]

La Sala Constitucional del TSJ en la sentencia objeto de análisis una vez que se refiere a la decisión peruana y declara inejecutable la Sentencia de la Corte Interamericana, solicita al Ejecutivo Nacional la denuncia de la Convención Americana con fundamento en el principio de colaboración de poderes contenido en el Artículo 136 de la Constitución de la RBV, “ante la evidente usurpación de funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana”.

Es importante, para los fines del presente artículo, reproducir el único párrafo que motiva esta decisión del máximo intérprete de la Constitución Venezolana:

“En este caso, estima la Sala que la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008,  afectaría principios y valores esenciales del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y pudiera conllevar a un caos institucional en el marco del sistema de justicia, al pretender modificar la autonomía del Poder Judicial constitucionalmente previsto y el sistema disciplinario instaurado legislativamente, así como también pretende la reincorporación de los hoy ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por supuesta parcialidad de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, cuando la misma ha actuado durante varios años en miles de casos, procurando la depuración del Poder Judicial en el marco de la actividad disciplinaria de los jueces. Igualmente, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretende  desconocer la firmeza de las decisiones de destitución que recayeron sobre los ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que se deriva de la falta de ejercicio de los recursos administrativos o judiciales, o de la declaratoria de improcedencia de los recursos ejercidos por parte de las autoridades administrativas y judiciales competentes.”                    

Un solo párrafo, 12 líneas, presentan la fundamentación por la cual el máximo órgano de justicia venezolana le solicita al Ejecutivo Bolivariano la denuncia de la Convención Americana.

Esta Convención representa uno de los grandes tratados de derechos humanos a nivel mundial y la Corte que creó, representó la larga lucha por el reconocimiento de la protección de los individuos en la comunidad internacional, en la cual Venezuela tuvo un papel estelar y que constituye un ejemplo internacional de la “exactitud y precisión en su funcionamiento”[37] de los mecanismos regionales de protección de los individuos, en unión de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana.

Según la propia Sentencia las razones son: a. La decisión afectaría principios y valores del orden constitucional; b. Pudiera conllevar a un caos constitucional; y c. La Corte Interamericana desconoce el principio de la firmeza de las decisiones venezolanas.

No hay análisis teórico, no hay referencias a decisiones pasadas, no hay un desarrollo jurisprudencial, nada. Sólo se le pide al Ejecutivo que denuncie ante la “evidente usurpación de funciones”.

La motivación de la usurpación de funciones, como argumento que sustenta la resolución de negar la posibilidad de que los ciudadanos sean amparados por una instancia internacional, tal y como lo establece el Art. 31 de la Constitución de la RBV, no tiene ningún sentido y carece de toda base jurídica.

El magistrado disidente Rondón Haaz, afirmó en este sentido que, “…la solicitud que se hizo al Ejecutivo Nacional -sin motivación alguna que concierna, per se, a la Convención a que se contrae- dista mucho de la colaboración entre los poderes públicos a que alude el artículo 136 de la Constitución y constituye, en cambio, una indeseable injerencia en sus funciones propias, en lo que a las relaciones internacionales se refiere.”

Y agregó después: “Más allá de que no se comparte la existencia de una evidente usurpación de funciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hace un flaco servicio al Estado cuando se le coloca en incumplimiento con sus obligaciones nacionales (artículos 30 y 31 de la Constitución) e internacionales (artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) en materia tan sensible como los derechos humanos que, paradójicamente, gozan de una protección ejemplar en nuestra Constitución, cuyo texto se reduce a eso, sólo un texto, cuando se le desconoce”

La explicación o la base de la usurpación de funciones es imposible de localizar al revisar el fallo del TSJ, que se limita a dos puntos: 1.Declarar inejecutable la Sentencia de la Corte Interamericana y 2. Solicitar la denuncia de la Convención Americana. Sin embargo, al final de la parte motiva de la Sentencia, la Sala Constitucional del TSJ solicita a la Asamblea Nacional, otra vez en virtud de la colaboración de poderes, que dicte “el Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolana. Es importante destacar que la Corte Interamericana en la decisión objeto de análisis solicita la misma acción, cuando ordena lo siguiente:

“19. El Estado debe adoptar dentro del plazo de un año a partir de la notificación de la presente Sentencia las medidas necesarias para la aprobación del Código de Ética del Juez y la Jueza Venezolanos, de conformidad con lo expuesto en el párrafo 253 de esta Sentencia.”

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano declaró la “usurpación de funciones” de la Corte Interamericana, aunque el tribunal internacional respalda al tribunal domestico en la aprobación de un proyecto de código de ética redactado por ellos mismos. El Código de Ética no fue aprobado por que el Presidente de la República Hugo Chávez veto su promulgación[38].

Pero estas inconsistencias en la estructura de la Sentencia, no son el mayor problema; esta decisión constituye una interferencia del Poder Judicial en una obligación internacional suscrita por el Estado y que constituye una violación de lo establecido en el propio texto de la Convención Americana y en el derecho de los tratados, al incumplir el principio de pacta sumt servanda y no desarrollar ninguna acción en contra de la misma. (Art. 68)

 

Los efectos de la denuncia

La Sala Constitucional solicitó al Poder Ejecutivo la denuncia de la Convención Americana. La denuncia de la participación de Venezuela en la Convención Americana no traería en ningún caso la cesación de las obligaciones que hayan nacido en el proceso de supervisión al interior del Sistema Interamericano, bien sea en la CIDH o la Corte Interamericana.

Estas disposiciones como comentamos, forman parte del derecho convencional y consuetudinario internacional de los derechos humanos en el continente y además tiene un amplio apoyo jurisprudencial en los dos casos que se han intentado retirar del Sistema Interamericano como lo hemos visto en el caso de Trinidad y Tobago y el Perú.

Esta acción del Gobierno no se circunscribe únicamente al ejercicio de la diplomacia, sino que viene acompañada de un sistemático proceso de utilización de los medios de comunicación en contra de los organismos internacionales con competencia en la materia, donde destaca de manera interesante el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[39]

Las obligaciones internacionales en el área de integración y en área de los derechos humanos, comparten muchos de los elementos de que conforman el derecho internacional contemporáneo[40]. La denuncia en el año 2006 del Acuerdo de Cartagena tuvo como consecuencia el retiro del país del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y su capacidad para recibir las denuncias y demandas de los individuos que llevaban adelante la integración. En la práctica aunque se han seguido aplicando las normas del Acuerdo, los venezolanos no tienen la capacidad de solicitar la protección del órgano comunitario en igualdad de condiciones. En el caso del Acuerdo de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3), este poseía un mecanismo que permitía a los gobiernos resolver las controversias que pudieran surgir de este acuerdo de integración económica de tercera generación y en especial de las personas que podían elevar sus problemas.

La solicitud del Tribunal Supremo de denunciar la Convención Americana no es un acto aislado. “La idea de terminación unilateral de un tratado, no se refiere a un solo acto de participación en un conflicto, sino más bien una corriente de movimientos de avance y retroceso”[41] que buscan la consecución de un objetivo que sobrepasa la cuestión meramente legal. Sin embargo, no existe desde el punto de vista jurídico una terminación unilateral de los tratados que sea legalmente aceptada.

Incluso, el propio incumplimiento del tratado no es una causal de terminación del mismo, tal y como lo establece el artículo 43 la Convención de Viena sobre los Tratados de 1969. Esta clausula de la Convención es catalogada en muchos casos como un principio de derecho internacional y genera una acción dentro del propio derecho internacional para su conclusión.

A juicio de Sir Hersch Lauterparcht, “el no cumplimiento de la obligación que sigue vigente pero que no pueda ser aplicada por una de las partes, debe ser puesta en vigor de tal forma que no permita a esa parte obtener una ventaja de su propia conducta, por eso se deberá aplicar la obligación del modo más cercano posible a la misma.”[42]

Esta situación coloca a la Corte Interamericana, al Sistema Interamericano y a los países miembros de la Organización de Estados Americanos en una difícil situación al aceptar una eventual denuncia de la Convención y continuar ejerciendo la competencia contenciosa por parte de la Corte Interamericana para todas las denuncias en curso al interior del Sistema Interamericano y todas aquellas que se presenten en el periodo previsto de un año después de la notificación.

Hasta el momento, la Corte Interamericana está conociendo de cinco casos en los cuales el Estado Venezolano es el acusado, aún está esperando el total cumplimiento varias sentencias y otras tantas que requieren culminar su cumplimiento; asimismo, la Corte Interamericana ha otorgado 45 medidas provisionales, para proteger a personas cuya violación de los derechos humanos es inminente. En el caso de la Comisión Interamericana no se publican la totalidad de las denuncias referidas, pero como un indicador general, la CIDH ha otorgado 24 medidas cautelares durante el Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías.

Estas cifras presentan un panorama del cumplimiento de los Derechos Humanos en Venezuela altamente preocupante, por la cantidad y la cualidad del tipo de denuncias. LA RVB se ha negado a autorizar las visitas in loco de la Comisión Interamericana, las cuales han sido solicitadas desde la última visita de la CIDH a raíz del golpe de estado del año 2002.

 

 

Conclusiones

Tres estados miembros de la Organización de Estados Americanos que suscribieron la Convención Americana de los Derechos Humanos han intentado denunciar la misma, en los casos de Trinidad & Tobago y Perú estas ya se manifestaron, en el caso de Venezuela, la misma está en proceso de gestación.

Tres estados miembros de la Convención Americana consideraron que la supervisión que ejerce el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es excesivo y no se adapta a la protección que sus respectivos gobiernos deben proveer para los habitantes de esos tres países.

En uno solo de los tres casos, la denuncia no tiene que ver con un deterioro general de la situación de los Derechos Humanos, como es el caso de Trinidad y Tobago, sino con un aspecto muy controvertido como es la aplicación de la pena de muerte en un estado.

En dos de los tres casos que hemos revisado, las denuncias de la Convención Americana están asociadas a la falta de cumplimiento o colaboración por parte de los estados involucrados en la supervisión internacional que conlleva la pertenencia a un sistema de protección de Derechos Humanos.

En dos de los tres casos, las denuncias se consumaron como actos unilaterales de los estados que intentaron, pero en ninguno de los casos tuvieron resultados prácticos para los Gobiernos que los promovieron. La forma como está estructurada la Convención Americana y el entramado del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ese objetivo; evitar que coyunturas políticas disminuyan o eviten la protección de los habitantes de los estados partes.

En el caso del Perú, durante el resto del tiempo que permaneció Fujimori al frente del Gobierno Peruano, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana siguieron conociendo las violaciones de los derechos humanos y fueron un límite que se impuso a ese gobierno y sus acciones en perjuicio de la población de esos estados.

En el caso de Trinidad y Tobago, la denuncia se efectuó de la forma como está prevista en la Convención Americana y la Corte Interamericana aún tiene competencia para ejercer la supervisión sobre ese estado. Aunque ya ha transcurrido el año de preaviso establecido en la Convención, aún permanecen un conjunto de casos que fueron introducidos en el Sistema Interamericano durante la vigencia de la Convención Americana y los cuales deberán concluir su análisis.

En el caso de Venezuela, la solicitud de denuncia aún no se concreta. El Tribunal Supremo de Justicia solicitó al Ejecutivo su tramitación y está aun no se efectúa. De tal forma que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela frente al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos podrá hacer caso omiso del llamado del Tribunal de Justicia o acatar la solicitud judicial.

En todo caso, el deterioro del cumplimiento de las obligaciones de Venezuela frente al Sistemas Interamericano de los Derechos Humanos es una realidad que comienza a suscitar la atención de la comunidad internacional.

Esta nueva denuncia de la Convención Americana por parte de Venezuela suscita preocupación por la forma en que fue abordado el caso del Perú por la Organización de Estados Americanos, aislando el problema político y diplomático de la esfera jurídica. En ocasiones parece que la voluntad política de los estados que suscribieron la Convención Americana y que vieron en ellos un progreso importante para sus sistemas políticos y sus habitantes hace 20 o 30 años, han dejado ahora la responsabilidad de la garantía de los derechos humanos exclusivamente en manos de los comisionados y los jueces del Sistema Interamericano.

 

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[1] Publicado en el Libro: Gonzalez Ibañez, Joaquin. (2009) Protección Internacional de Derechos Humanos y Estado de Derecho. Studia in honorem Nelson Mandela. Washington College of Law, American University, Washington DC; Universidad Alfonso X El Sabio, Madrid; Ibañez Editores. Bogota, Colombia.

[2] Watts, Arthur Sir. (1999) The International Law Comisión 1949-1998. Volume II: The Treaties. Oxford University Press. Página 613.

[3] Cassese, Antonio. (2001). International Law. Oxford University Press. Pagina 125.

[4]Organización de los Estados Americanos OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982 denominada El Efecto de las Reservas Sobre la Entrada en

Vigencia de la Convención Americana. Párrafo 29.

[5] HIGGINS, R. (1994) Problems and Process. International Law and Ho We Use It. Oxford University Press. P. 102

[6] ALDRICH, GEORGE.(1999) Individuals subjects of International Humanitarian Law. P. 856, En MAKARCZYK, Jerzy (1999) Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century. La Haya: Kluwer Law International. Pagina 856.

[7] BEYANI, Chaloka. (1999) The Legal Premises for the International Protection of Human Rights. En, Guy Goodwin-Gill y Stefan Talon (1999) The Reality of International Law. Essays in Honour of Ian Brownlie. Oxford: Clarendon Press. Oxford. Pagina 24.

[8] Parassram Concepcion, Natasha. (2001) The legal implications of Trinidad and Tobago´s withdrawn fron the American Convention of Human Right. American University International Law Review.

[9] HRW and CEJIL Call on Trinidad and Tobago to Reconsider Withdrawal from the American Convention on Human Rights. Human Rights Watch. June 1 1998. Disponible en http://www.hrw.org/en/news/1998/06/01/hrw-and-cejil-call-trinidad-and-tobago-reconsider-withdrawal-american-convention-hum. Fecha de la consulta, Enero 2009.

[10] Texto completo de la denuncia en “NOTIFICACIÓN DE DENUNCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Organización de Estados Americanos. Subsecretaria Jurídica. http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html#Trinidad%20y%20Tobago. Consulta, Abril 2009.

[11] Parassram Concepcion, Natasha. (2001) The legal implications of Trinidad and Tobago´s withdrawn fron the American Convention of Human Right. American University International Law Review. Página 849.

[12]Organización de los Estados Americanos OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Constantine y otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 1 de septiembre de 2001 (Excepciones Preliminares).

[13]Organización de los Estados Americanos OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Constantine y otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de 1 de septiembre de 2001 (Excepciones Preliminares) Voto Salvado Dr. Augusto Cancado Trindade.

[14] International Commission of Jurist. Trinidad and Tobago.En http://www.icj.org/news.php3?id_article=2673&;lang=en. Consulta febrero de 2009

[15] CASSEL DOUGLAS. (1999) El Perú se retira de la Corte: ¿Afrontará el reto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. No. 29. Página 74

[16] Cuando el Tribunal Supremo del Perú intentó ejercer los recursos para revisar la constitucionalidad de esa Ley, el Congreso de mayoría fujimorista destituyó a tres magistrados no controlados por el Ejecutivo. Ley Nº 26657 de Interpretación Constitucional. "Interprétase de modo auténtico, que la reelección a que se refiere el Artículo 112o. de la Constitución, está referida y condicionada a los mandatos presidenciales iniciados con posterioridad a la fecha de promulgación del referido texto constitucional. En consecuencia, interprétase auténticamente, que en el cómputo no se tiene en cuenta retroactivamente, los períodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución."

[17]Organización de los Estados Americanos OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33. En http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=8. Consulta, Abril 2009.

[18]Organización de los Estados Americanos OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52

[19] CASSEL DOUGLAS. (1999) Ob. Cit. Pagina 71.

[20] Organización de los Estados Americanos OEA. Departamento de Derecho Internacional. Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Información General del Tratado. En http://www.oas.org/Juridico/spanish/firmas/b-32.html. Fecha de la consulta, enero 2009.

[21] Texto en CASSEL DOUGLAS. (1999) Ob. Cit. Pagina 79.

[22]GUILLERMO GONZALES ARICA (1999) Perú En La Mira Regional. Revista Caretas No. 1573. Lima Perú.

[23] DE LA JARA, ERNESTO (1999) “La Corte Interamericana: Chivo expiatorio de nuestras culpas”. www.justiciaviva.org.pe

[24]   Texto completo de la comunicación en: Organización de los Estados Americanos OEA. Departamento de Derecho Internacional. Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Información General del Tratado. En http://www.oas.org/Juridico/spanish/firmas/b-32.html. Fecha de la consulta, enero 2009.

[25] CASSEL DOUGLAS. (1999) Ob.Cit. Pagina 26.                

[26] Ibid. Parrafo 41.

[27]Organización de los Estados Americanos OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 24 de septiembre de 1999 (Competencia) Párrafo 51.

[28] Texto completo de la comunicación en: Organización de los Estados Americanos OEA. Departamento de Derecho Internacional. Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Información General del Tratado. En http://www.oas.org/Juridico/spanish/firmas/b-32.html. Fecha de la consulta, enero 2008. Subrayado nuestro.

[29]Chávez amenaza con irse de la OEA” . El Clarín Buenos Aires. 29 de abril 2009 disponible en http://www.clarin.com/diario/2007/04/29/um/m-01409657.htm; “Cuba no está en la OEA y no se ha muerto”. El Universal Caracas. 29 de Abril de 2009. Disponible en http://www.eluniversal.com/2007/04/30/pol_art_cuba-no-esta-en-la_269195.shtml. Fecha de la Consulta, Enero 2009.

[30] Para una visión general en este caso, ver: Sainz Borgo, Juan Carlos. (2007) “La salida de Venezuela de la Comunidad Andina”. Revista Politeia. No. 38. Caracas.

[31]“La Corte observa que el representante expresó que “los notarios venezolanos, que dependen del Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia, se negaron a recibir y certificar las declaraciones de María [Costanza] Cipriani Rondón, […] Edgar López, Jesús María Casal, y Alberto Arteaga Sánchez, las cuales sólo pudieron ser certificadas ante el Cónsul de Costa Rica en Caracas”. El Estado no controvirtió lo anterior. 14. Al respecto, la Corte lamenta la actitud de aquellos notarios que se negaron a recibir las declaraciones señaladas, particularmente porque ellos ejercen una función pública que están obligados a realizar sin discriminación, teniendo en cuenta que, además, su actuación incide en el procedimiento ante este Tribunal. Asimismo, se recuerda que, conforme al artículo 24.1 del Reglamento, los Estados Partes en un caso tienen el deber de “facilitar [la] ejecución de órdenes de comparecencia de personas residentes en su territorio o que se encuentren en el mismo”. Las personas mencionadas por el representante en el párrafo anterior fueron convocadas por la Presidencia de la Corte para que rindan sus declaraciones ante fedatario público, razón por la cual el Estado debe garantizar, como proyección del principio de buena fe que debe regir la ejecución de las obligaciones convencionales, que no exista ningún obstáculo para la práctica de la prueba.”Organización de los Estados Americanos OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2008) “Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008”. (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Párrafo 13. Disponible en http://www.corteidh.or.cr. Fecha de la consulta, enero 2009.

[32]Organización de los Estados Americanos OEA.. (1999) Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999. (Fondo, Reparaciones y Costas). http://www.corteidh.or.cr. Fecha de la consulta, enero 2009.

[33] República Bolivariana de Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional (2008) Sentencia 1939. 18 de diciembre de 2008.Capitulo V de las motivaciones para decidir. Página 25.

[34] Extractos del Texto de la Sentencia: “Considerando: 1. Que el 11 de junio de 1999 la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar emitió una resolución que declaró inejecutable la sentencia de este Tribunal. (…) 3. Que el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.” Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado. (…) 5. Que, al respecto, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 codifica un principio básico del derecho internacional general al advertir que [u]na parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.[...] 6. Que, en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.” Organización de los Estados Americanos OEA. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Resolución de 17 de noviembre de 1999. (Cumplimiento de Sentencia)

[35] Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) Text adopted by the Commission at its fifty-third session, in 2001, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of that session. The report, which also contains commentaries on the draft articles, appears in Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II (Part Two). En http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf. Fecha de la consulta, Febrero 2009.

[36] FAUNDEZ LEDEZMA, Héctor. (2009) “Plagiando a Fujimori”. El Nacional. Caracas, 23 de enero 2009.

[37] TOMUSCHAT, Cristian. (2008) Human Rights. Between Idealism and Realism. Oxford: Oxford University Press. Segunda Edición. Página 261.

[38] http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&;task=view&id=19778&Itemid=27. Fecha de la consulta, Febrero 2009.

[39] Una muestra de la campaña, se recomienda ver: Lucas Bashalde. (2003) Venezuela: la OEA ¿al servicio del golpismo? Semanario Temas Venezuela. Caracas 28 de julio del 2003. La CIDH ha declarado en varias ocasiones, su defensa del régimen democrático en Venezuela, como una forma de salir adelante a esta campaña. http://www.oas.org/OASpage/press2002/sp/A%C3%B1o2002/mayo2002/cidh_050102_ve.htm.   Consulta Febrero 2009.

[40] SLAUGHTER A y BURKE-WHITE W. (2006) The Future of International Law is Domestic (or the European Way of Law). Harvard International Law . Vol 47. Pagina 339.

[41] DAVID ARIE. (1975) The strategy of treaty termination: lawful breaches and retaliations. Yale University Press. Página 58

[42] International Court of Justice. (1977) Opinión disidente en el caso South West África.

 

Juan Carlos Sainz Borgo.